El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la Ley de Movilidad Sostenible, una norma estratégica para modernizar el transporte y avanzar en los compromisos climáticos de España.

La votación se resolvió con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que alcanzaron un acuerdo de última hora con el Ministerio de Transportes.

Como parte del pacto, el ministerio dirigido por Óscar Puente se comprometió a que la ejecución material de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no comenzará antes de 2031, y que dicha obra no se incluirá en el DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria 2026–2031). Mientras Podemos celebra el acuerdo como una victoria ambiental, el ministro Puente subraya que no altera los plazos previstos, sino que refuerza los requisitos medioambientales conforme al paquete europeo Fit for 55.

La ley, considerada clave para desbloquear 10.000 millones de euros en fondos europeos, establece medidas como la electrificación de infraestructuras, la supresión de vuelos cortos, la recuperación de trenes nocturnos y la obligación de planes de movilidad sostenible en empresas de más de 200 trabajadores. También contempla la reordenación del transporte público por carretera, la creación de un sistema de financiación estable para el transporte urbano y el impulso al transporte ferroviario de mercancías.

Durante el debate parlamentario, el ministro Puente destacó que el nuevo marco legal aportará “seguridad jurídica, estabilidad y coherencia” al sistema de movilidad, priorizando el transporte público y la movilidad activa como alternativa al coche privado. Lamentó, sin embargo, la falta de apoyo del Partido Popular.

La norma permitirá cerrar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por autobús, en el que las comunidades autónomas asumirán los tráficos intrarregionales. Ante el rechazo de varias regiones gobernadas por el PP, el Ejecutivo se compromete a no suprimir ninguna parada.

La ley fue respaldada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC y los diputados del grupo mixto José Luis Ábalos y Águeda Micó. PP, Vox y UPN votaron en contra, alegando que se trata de una ley ideológica que perjudica al vehículo privado y aumenta la burocracia.

Desde el bloque progresista, se destacó el amplio consenso alcanzado con sindicatos, organizaciones ecologistas, patronales y el Consejo de la Juventud. Aunque algunos grupos como Bildu y ERC señalaron carencias en el texto, valoraron los avances en competencias autonómicas y en el impulso al transporte ferroviario.

La Ley de Movilidad Sostenible se perfila como una herramienta clave para transformar el modelo de transporte en España, con una mirada puesta en la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad territorial.